En Navarra, se está consolidando, por primera vez, a escala autonómica, una línea de trabajo pública y sistemática para identificar y recuperar bienes comunales o de titularidad pública inmatriculados por la Iglesia. Una investigación impulsada por el Gobierno foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha dado un paso decisivo: tras analizar 174 bienes de 26 entidades locales, se han identificado 79 bienes con base suficiente para reclamar su titularidad pública o comunal, y en 21 casos ya existen pruebas documentales para fundamentar acciones judiciales. El propio Gobierno de Navarra valora presentar una primera demanda contra el Arzobispado para recuperar esos 21 bienes.

El Gobierno reconoce que las inscripciones eclesiásticas pueden ser inconstitucionales pero no las anulará y dejará que particulares y ayuntamientos litiguen con la Iglesia en los tribunales. Las asociaciones patrimonialistas sostienen que el Estado no puede eludir su responsabilidad en la recuperación de cientos de bienes de dominio público.

Han votado en contra de la moción del grupo ERC-EH Bildu que pedía declarar nulos los acuerdos firmados entre el Gobierno de España y la Santa Sede en 1979.

La asociación Recuperando, que pide la devolución de los bienes registrados irregularmente por la Iglesia, cree escaso el acuerdo del Gobierno con el clero.

Ninguno de los cuatro partidos con opciones a gobernar España a partir del 23-J ha incluido en sus programas electorales referencia alguna al escándalo de las inmatriculaciones, que permitió a la Iglesia católica inscribir a su nombre más de 100.000 bienes, entre ellos monumentos de enorme valor cultural, plazas públicas, cementerios, fincas, ermitas, viviendas y hasta frontones. Ninguna iniciativa parlamentaria ha modificado ni un ápice de las disposiciones normativas que permitieron a los obispos apropiarse de miles de bienes...

El Arzobispado de Valladolid, aprovechándose de las modificaciones inconstitucionales bendecidas en 1998 por el gobierno del PP presidido por José María Aznar, inscribió a su nombre la Catedral vallisoletana en el Registro de la Propiedad en 2007. Y además, con anterioridad se había apropiado del jardín anexo a la plaza de la Universidad, que permanece ilegalmente vallado y cerrado.