La Generalidad llevará ante el Tribunal Constitucional el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida estrella del Gobierno de Pedro Sánchez para paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia del coronavirus. Una ayuda reclamada, entre otros, por el propio presidente autonómico Quim Torra. Pero que el gobierno catalán quiere gestionar el pago de esas ayudas, que considera como parte de sus competencias, y advierte de que la gestión estatal puede derivar en un colapso del sistema similar al provocado por el pago de los ERTEs.
Un grupo de perceptores del Ingreso Mínimo Vital inicia una reclamación colectiva ante el Consejo de Europa después de que la Seguridad Social les exija la devolución de varios miles de euros por “cobros indebidos” Si bien el anuncio fue acogido y celebrado entre los sectores más progresistas casi como si de la aprobación de una Renta Básica Universal se tratara, la emoción no tardó en desinflarse. Pronto quedó patente que los requisitos para acogerse a esta ayuda son especialmente estrictos. La prestación no se concede a unidades de convivenci
La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha denunciado este martes que sólo se conceden una de cada cuatro solicitudes de ingreso mínimo vital (IMV) y que únicamente el 12 % de la población que se encuentra bajo el umbral de la pobreza se beneficia de esta prestación.
