La sentencia del TSJC (2 de septiembre de 2011), confirmando la sentencia del Tribunal Supremo sobre el modelo de inmersión lingüística y la marginación del español como lengua vehicular en el sistema educativo de Cataluña, es clara. En un plazo de dos meses, la Generalidad debía introducir los cambios pertinentes para que las dos lenguas propias de la mayor parte de los ciudadanos de Cataluña y, además, “lenguas oficiales” de Cataluña (el catalán y el español) fueran lenguas vehiculares en el sistema educativo catalán.
Como las restricciones, así como el perímetro final de las ZBE, dependen de los ayuntamientos, las ordenanzas municipales han comenzado a presentarse y a aprobarse en numerosos municipios, algunos de los cuales ya contemplan directamente en sus textos estas prohibiciones (o futuras restricciones) a vehículos con las etiquetas amarillas (B) y verdes (C).
