El exasesor de Moncloa Luis María Carrero percibió una nómina cercana a los 3.500 euros en los años que desempeñó en el Ministerio de Presidencia. De esta forma, Carrero, que se sentará en el banquillo de los acusados por la investigación que se ha seguido contra el hermano del presidente del Gobierno, trata de demostrar que no fue enchufado por el músico en la Diputación de Badajoz.
Se estrecha el cerco sobre el hermano del presidente del Gobierno. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el pasado miércoles la Diputación de Badajoz para intervenir los emails de nueve empleados, entre ellos el propio David Sánchez. Los mensajes podrían arrojar luz sobre la contratación del músico.
Los inspectores atribuyen que no lleve firma a la "vergüenza". La juez ha reclamado a la AEAT la identificación completa, cargo y firma digital del funcionario que lo emite. Una salida que se escuda en el buen nombre y reputación de inspectores y técnicos que en este caso resulta difícil de sostener: el informa no lleva firma, ni siquiera aparece el membrete de la AEAT. La juez Beatriz Biedma ha leclamado a la AEAT la identificación completa, cargo que ostenta y firma digital del funcionario que lo emite, El informe, trata de exonerar
El tribunal considera que hay "indicios suficientes" que probarían el "presunto carácter delictivo" del hermano del presidente del Gobierno. Se sentará en el banquillo de los acusados. La Audiencia Provincial de Badajoz ha dado luz verde para enviar a juicio a David Sánchez por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias a raíz de su contratación en la Diputación. Pero no estará solo, le acompañarán una docena de funcionarios del ente regional y el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. La
La Audiencia Provincial de Badajoz ha requerido a la defensa de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, que aporte su domicilio particular en el plazo de una audiencia para poder citarle personalmente al juicio oral. La resolución, firmada por la letrada de la administración de Justicia y consultada por OKDIAIRO, revela que el domicilio que obraba en las actuaciones era el del despacho de su abogado, lo que impide la citación directa que exige la ley.
