El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, ha acordado la apertura de juicio oral contra 26 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, investigados en la causa de los ERE entre los que están los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán. A todos ellos se les enjuiciará por un delito continuado de prevaricación y por otro de asociación ilícita. 18 de ellos serán también juzgados por un presunto delito continuado de malversación.
El tribunal, en una demoledora sentencia, asume las tesis de la Fiscalía y de la magistrada instructora Mercedes Alaya, y considera criminal el sistema de reparto de las ayudas para empresas en crisis.
Pareciera que España se encuentra dividida entre quienes abogan por el indulto a José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación de caudales públicos, y quienes piden que el expresidente de la Junta de Andalucía cumpla su pena. Divide al Tribunal Supremo, al propio Gobierno de coalición, y hasta a la sociedad civil, aunque en proporción dispar: si hace tan sólo tres días 4.000 firmas públicas se posicionaban a favor de perdonar a Griñán, ya son casi 60.000 los firmantes en contra. 15 veces más.
El PP acusa al Ejecutivo de “preparar el terreno” para la concesión del indulto a Griñán. El Gobierno ha deslizado por primera vez este martes argumentos de índole jurídica que invitan a pensar en el posible indulto de José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por malversación además de prevaricación en la sentencia de los ERE, mientras en el PSOE hay opiniones para todos los gustos sobre el impacto electoral de la medida de gracia. El partido se divide entre los dirigentes para quienes conceder la medida de gracia antes de las elec
Varios altos cargos han anunciado que solicitarán la gracia, lo que supone un obstáculo para el Gobierno a la hora de justificar tantas reclamaciones. Se avecina una situación similar a la que ya se dio con los presos del procés
La Audiencia de Sevilla ha requerido al expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años y dos días de cárcel por malversación en el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que remita "a la mayor urgencia posible" los resultados de la prueba médica que le será practicada, después de que su defensa solicitase suspender el plazo de diez días iniciado este pasado viernes para su entrada voluntaria en prisión, alegando una enfermedad grave sobrevenida.
La Fiscalía Anticorrupción no se opone a suspender la pena de cárcel de Griñán por su "enfermedad muy grave e incurable". La Audiencia había pedido que el Ministerio Público informase sobre si procede o no suspender la pena de cárcel del expresidente.
La Audiencia de Sevilla envía al Ministerio de Justicia los expedientes de los indultos de Griñán y otros siete condenados por los ERE. La decisión final corresponde al Ministerio de Justicia, que es el competente para adoptar la medida de gracia. Cuenta atrás para indultar a los condenados por el caso ERE. El contenido de los informes no ha trascendido. Ni siquiera han sido notificados a la Fiscalía ni a las partes. Ahora corresponde al departamento que dirige Félix Bolaños adoptar una decisión.
De los tres magistrados de la Audiencia de Sevilla que deben dictar la nueva sentencia, con las directrices del Constitucional, sólo hay una disponible. El TSJA eleva una consulta "urgente" al CGPJ. Ello es así porque, tras la decisión este verano del Tribunal Constitucional de amparar parcialmente a la mayoría de los ex altos cargos enjuiciados, ahora la Audiencia de Sevilla debe dictar una nueva sentencia. El problema es que para dictar el nuevo fallo de los ERE tan sólo hay una magistrada disponible de los tres que formaron parte.
El plazo de 10 días todavía no ha empezado a correr a pesar de que la Audiencia emitió el auto el 15 de noviembre. La Fiscalía debe pronunciarse sobre los recursos de súplica antes de que la decisión sea firme. el letrado José María Calero solicitó la suspensión de la pena de prisión durante tres meses, a la espera de que el Gobierno central tramite el indulto que ha solicitado su familia al Ministerio de Justicia, así como el incidente de nulidad que interpuso contra la decisión del Tribunal Supremo.
Rompe el pacto con el PSOE para reformar el organismo tras las sentencias del Tribunal Constitucional en el caso ERE y evita que tengan una pensión de 83.000 euros al año. El PP cierra la puerta del Consejo Consultivo de Andalucía a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos condenados por el caso de los ERE fraudulentos. En un giro de guion inesperado, durante el debate de la reforma del citado organismo en el pleno del Parlamento este miércoles, los populares rompieron el consenso con el PSOE que garantizaba a los expresiden
El plenario del Congreso Federal ha ovacionado este sábado a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, presentes en el acto, meses después de que el Tribunal Constitucional revisara sus condenas por los ERE falsos, y se han tenido que poner en pie para agradecer los aplausos. Chaves y Griñan han sido citados durante la intervención del presidente del Congreso, el secretario general del PSOEa Juan Espadas, quien ha dicho que eran unos invitados que tenían un "reconocimiento por justicia", y ha dado las gracias por los ER
