En uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporado al sumario, los guardias civiles explican detalladamente qué suponen las trampas del Partido Popular para el ejercicio de la democracia. “Numerosas irregularidades que la sustentaron (la financiación de las campañas) suponen una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político.
Los agentes colocan a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid como la herramienta para recibir fondos opacos de la Trama Púnica. El Partido Popular de Esperanza Aguirre habría recibido 2 millones de euros de dinero negro a través de Granados y de los apuntes recogidos, el 90% corresponderían a entregas del empresario Javier López Madrid, miembro del Consejo de Administración de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir. Los hechos investigados apuntan a los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
