El Instituto de Empresa, que contrató a Begoña Gómez en agosto de 2018, dos meses después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, se vio beneficiado de un «trato de favor escandaloso» por parte de la SEPI. Según confirman ocho fuentes distintas a THE OBJECTIVE, el IE consiguió una rebaja en el precio de alquiler de los tres edificios públicos que tenía arrendados en el llamado Campus Velázquez, en la calle María de Molina de Madrid.
Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Manuel Chaves avalaron sus ascensos desde un puesto técnico «no sanitario» hasta la cima de la Consejería de Salud. María Jesús Montero, tuvo una carrera ascendente en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en un espacio de tiempo mínimo. En ocho meses pasó de tomar posesión de una plaza de «técnico de función administrativa» para «personal no sanitario» a ocupar una subdirección Su escalada meteórica no se explica sin la intervención directa de tres pesos pesados de la Junta que la promocionaron Chaves
"Hay muchos miembros del Congreso extrañamente ricos. Simplemente no puedo conectar los puntos de cómo obtuvieron $20 millones ganando $200,000 al año. Nadie puede explicar eso".
El delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, envió esta semana a Sol una carta en la que pedía reconsiderar por motivos de «seguridad» la ubicación del estadio que acogerá el fin de gira de Shakira en septiembre; el Tribunal Supremo confirmó la orden de desmantelar de forma definitiva la estación de esquí de Navacerrada. «Acosan a deportistas en el Movistar Arena, complican la Vuelta ciclista», añadió. «Y ahora tratan de deslucir el nombre del buen equipo que trabaja con Shakira o la Fórmula 1"
El denunciado es Manuel Bautista, alcalde del municipio y dirigente del PP madrileño. Esta vez no hablamos solo de testimonios. Hay nueve correos electrónicos enviados directamente a Isabel Díaz Ayuso, hay reuniones con Alfonso Serrano y Ana Millán, hay un escrito de 20 páginas remitido al Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido, hay frases literales reconocidas por la propia cúpula regional que describen el patrón clásico del acoso sexual seguido de represalias laborales. Pero ahora el acusado ya no es un adversario político.
