El Tribunal Constitucional (TC) se propone anular parcialmente el delito de malversación a la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por el caso de los ERE.Este escenario abriría la puerta a que se exculpe del delito a los otros condenados por malversación, entre ellos el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. No obstante, en su caso habrá que esperar hasta mediados del mes de julio para ver qué decisión adopta el Constitucional.
El ex director general de la agencia IDEA que ha salido en libertad tras su exculpación por el TC, Miguel Ángel Serrano, es uno de los que podrían acogerse a esta medida . Los condenados del caso ERE en Andalucía que han visto anuladas sus penas por el Tribunal Constitucional (TC) pueden pedir una indemnización al Estado por cada día que han permanecido en la cárcel. Tienen derecho a reclamar al Estado un resarcimiento económico
Existió el fraude y todos los ex altos cargos socialistas siguen estando condenados, aunque se beneficiarán de una rebaja de las penas impuestas. La mayoría de magistrados elegidos a propuesta del PSOE que compone el Tribunal Constitucional (TC) ha deconstruido el caso ERE con unas sentencias que no solo borran delitos sino que desautoriza de plano a los jueces que condenaron a 15 ex altos cargos socialistas .
El órgano que preside Cándido Conde-Pumpido ha impuesto su mayoría progresista para tumbar la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla y posteriormente, avalada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de inhabilitación por prevaricación. El Tribunal Constitucional cierra el círculo del caso de los ERE en Andalucía. El TC da carpetazo a una de las mayores causas de corrupción de los últimos años tras respaldar a la cúpula de la Junta de Andalucía.
La Audiencia de Sevilla envía al Ministerio de Justicia los expedientes de los indultos de Griñán y otros siete condenados por los ERE. La decisión final corresponde al Ministerio de Justicia, que es el competente para adoptar la medida de gracia. Cuenta atrás para indultar a los condenados por el caso ERE. El contenido de los informes no ha trascendido. Ni siquiera han sido notificados a la Fiscalía ni a las partes. Ahora corresponde al departamento que dirige Félix Bolaños adoptar una decisión.
Solicita a la Audiencia de Sevilla que eleve una cuestión prejudicial al TJUE para «inaplicar» las sentencias del Constitucional por ir contra el Derecho de la UE. Ha llevado ante la justicia europea la reciente resolución del Tribunal Constitucional que anula parcialmente las condenas relacionadas con el caso ERE, considerado como la mayor trama de corrupción en España. Críticos argumentan que esta decisión del TC, controlado por magistrados progresistas, favorece la impunidad y contradice el derecho de la Unión Europea, afectando la lucha con
Martínez Aguayo estuvo un año y medio encarcelada por el caso ERE antes de que la mayoría de magistrados elegidos a propuesta del PSOE que controla el TC acordara eliminar el delito de malversación que la llevó a la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) al considerar que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido mantuvo parte del delito de prevaricación por ampliar el presupuesto destinado al fondo de ayudas irregulares. Su absolución, por tanto, no fue completa.
La defensa de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE y principal acusado en la tercera pieza, sostiene que se habrían vulnerado los derechos de su cliente. cuando el juez decidió no sentar en el banquillo a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández por esta tercera pieza, la relativa a las ayudas concedidas a diversas empresas vinculadas al sector del corcho. Esta primera sesión del juicio ha estado centrada en las cuestiones previas presentadas por las partes.
Con su revisión de las penas, el Tribunal Constitucional provocó la inmediata salida de la cárcel de cinco de los siete ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, que no han cumplido ni la tercera parte de las penas.
Ante las 4.000 firmas de diversos partidos del arco parlamentario español solicitando el indulto para el ex-presidente de la Junta, José Antonio Griñán, exigimos aquí el cumplimiento ÍNTEGRO de las resoluciones judiciales y la condena a José Antonio Griñán por ser con sentencia judicial firme el responsable del desfalco de casi 700 millones de euros robados al pueblo andaluz y español.
La Fiscalía considera que la eventual revisión de penas de Griñán y otros condenados por los ERE «la eventual revisión de penas solo debe afectar al delito de prevaricación en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos» de la Junta de Andalucía, de los que se desviaron casi 700 millones de euros. En cambio, desestima los recursos que afectan a «la lesión del derecho a la legalidad penal en relación con el delito de malversación de caudales públicos.
El magistrado José Ignacio Vilaplana incrementa la suma solicitada a los responsables civiles subsidiarios por los 20 millones concedidos a las empresas de Jaén Hamsa y Primayor El juez instructor del caso ERE ha impuesto fianzas que suman 29.123.328 euros a Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) como responsables civiles subsidiarios de las ayudas irregulares concedidas por la Junta de Andalucía entre los años 1999 ...
Espadas formaliza las demandas por supuestas injurias y calumnias proferidas hacia su partido tras la revisión de las sentencias por parte del Tribunal Constitucional. Dirigentes del PSOE andaluz llevaban días amagando con llevar a los juzgados a todo aquel que le acusara de «robar» 680 millones de euros de dinero público, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya anulado la sentencia contra 15 ex altos cargos condenados en firme. Pero hasta este jueves la formación que dirige Juan Espadas no ha consumado sus amenazas.
