El país centroeuropeo acaba de eliminar las ayudas sin límite al desempleo. Una sociedad decente debe ayudar al que cae, pero no convertir esa red de seguridad en una hamaca.
La primera ministra italiana endurece su posición tras semanas de tensión con Netanyahu, avala sanciones europeas y congela además el acuerdo bilateral de cooperación militar
La empresa pública Navantia tiene previsto destinar 3.200 millones a este proyecto. Entre las naves renovadas se encuentra la Cristóbal Colón, que España ha enviado a Chipre. "No a la guerra". Sin embargo, en el tablero internacional y en geopolítica, nada es blanco o negro. Los movimientos del presidente del Gobierno para erigirse en némesis de Donald Trump no han dejado a un lado un importante esfuerzo económico para ponerse al día con las obligaciones de de la OTAN y para tener contento al socio americano.
Canadá anunció el lunes que planea proporcionar ayuda a Cuba, mientras la isla se enfrenta a la escasez de combustible tras la decisión de Washington de cortar el suministro de petróleo a Cuba. Washington ha intensificado en las últimas semanas su campaña de presión contra la isla comunista, enemiga histórica de Estados Unidos. La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha tomado medidas para bloquear todo el petróleo que llega a Cuba, incluido el de su aliado Venezuela, lo que ha provocado un aumento de los precios de los alimentos y el transporte y ha provocado una grave…
Una de las empresas que, como ha podido acreditar ElConstitucional.es, recibió una ayuda Covid otorgada por la Comunidad de Madrid por valor de 93.958,90€ fue Durbanity Eventos, SL. (NIF: B87698767; Registro MADRID. Sección 8. Hoja 637576). La empresa, todavía activa, tiene como administrador único a Sergio Rafael Hernández Torre Durban quien fue el primer marido de Isabel Díaz Ayuso, habiéndose casado la presidenta de la Comunidad de Madrid con él en 2008 hasta que en 2011 se divorciaron, tal y como consta a 'ElConstitucional.es' que, además,
Un informe de la AIReF señala que 6.000 millones —el 55% de la ayuda al desarrollo— se ejecutan fuera de la gestión directa del Gobierno. El estudio evidencia una brecha entre quien aporta los recursos y quien gestiona los proyectos que dificulta el seguimiento detallado del gasto y la medición uniforme de resultados.
