En primer lugar, quiero aclarar que el título de este artículo no sólo es broma, es que además es mentira. Que nadie se asuste que no me ha poseído el fantasma susanista de los comités federales pasados. Este artículo va de ardorosos debates burocráticos, sí, pero justo al revés. En segundo lugar, quiero constatar que, cuando uno forma parte de una organización, a veces pasa que uno no está de acuerdo con algunas decisiones que se toman. Eso es legítimo y está muy bien, pero que uno no esté de acuerdo no significa que el partido esté amañado...
Las cuatro asociaciones de jueces han emitido un comunicado conjunto en el que sostienen que las autoridades que están impulsando el 1-O han no deben ser obedecidas porque han perdido el carácter de autoridad, que los ciudadanos no tienen que obedecer las leyes de ruptura y, finalmente, que los jueces ampararan a todos los que se sometan a la ley. Así lo sostienen la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente.
Una docena de familiares de fallecidos que se encuentran en el Valle de los Caídos ha denunciado al prior administrador de la Abadía, Santiago Cantera, por no permitir la exhumación de los cuerpos. Los abogados de los demandantes han informado que ya se han registrado estas doce denuncias por los supuestos delitos de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos y de resistencia y desobediencia.
El organismo analiza una Iniciativa Legislativa Popular presentada por UGT y CCOO en 2016, para establecer una prestación de ingresos mínimos (426 euros) en el ámbito de la protección de la Seguridad Social. La AIReF apunta que la propuesta sindical permite reducir un 27,6% la tasa de pobreza extrema, pero "la falta de focalización materializada en los requisitos para acceder a la prestación, dificulta una mayor reducción de la pobreza". La institución propone una renta mínima con un coste fiscal neto de 3.500 millones.
El juicio oral al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por la presencia de lazos amarillos en edificios públicos durante la campaña electoral se hará el miércoles 25 de septiembre y el jueves 26 en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en Barcelona. Se le juzgará por presunto delito de desobediencia o, subsidiariamente, un presunto delito de denegación de auxilio a la autoridad competente, según un comunicado...
El bailaor fue arrestado en las cercanías de la estación de tren de Alicante, donde tenía previsto actuar en la noche de ayer. Cuando los agentes lo retuvieron, se defendió con inusitada violencia.
El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha iniciado el procesamiento de la actriz María León por delitos de atentado a la autoridad y de lesiones a un agente policial durante unos hechos ocurridos el 1 de octubre del pasado año cuando fue detenida por parte de la Policía Local de Sevilla.
Las imágenes grabadas por la cámara de una farmacia cercana a los hechos han esclarecido que los dos funcionarios mintieron en sede judicial. Ahora, un auto del juzgado de instrucción número dos de Córdoba dictamina la absolución del ciudadano y la deducción de testimonio para dos agentes locales por haber cometido, posiblemente, los delitos de denuncia falsa y detención ilegal. El Ayuntamiento cordobés no ha tomado ninguna medida al respecto, a pesar de que al principio afirmara que el par de funcionarios estaba suspendido de empleo y sueldo
Se les acusa de darle dos puñetazos, un empujón, un fuerte manotazo y de imputarle un delito de resistencia del que salió absuelto en un juicio. La Audiencia de Sevilla había revocado el archivo del caso de una manera contundente, señalando que “un sistema que no investiga adecuadamente las denuncias de abuso a cargo de funcionarios estatales es un sistema que facilita la consolidación de la cultura del abuso”.
Sentencia contundente contra los abusos policiales. La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de hasta siete años de cárcel a cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra por agredir y detener ilegalmente a un joven durante el toque de queda de 2020 y confeccionar un atestado falso con el que justificar su actuación irregular.
