El Tribunal Supremo ha dado la razón a los familiares de un hombre que falleció atropellado y ha condenado a la aseguradora a abonar 3.000 euros para cumplir así con el seguro de defensa jurídica que había contratado. Los magistrados han considerado que "no es admisible" la tesis de la compañía de que el cumplimiento de la póliza solo era exigible por el propio asegurado, que murió en el accidente.
El equipo jurídico que representa a las aseguradoras Lloyd's y Arch afirma que, dado que "lo más probable es que las explosiones del Nord Stream fueran provocadas por... un gobierno", no tienen responsabilidad alguna de pagar por los daños causados a los oleoductos. Para tener éxito con esa defensa, las compañías se verán presumiblemente obligadas a demostrar ante los tribunales quién llevó a cabo esos ataques. "Si se trata de un acto de guerra y ordenado por un gobierno, es la única forma que tienen de eludir su responsabilidad de pagar".
