La Audiencia Nacional le condenó en 2024 a 30 años de cárcel por el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle. Asier Arzalluz Goñi, alias Santi, es uno de los etarras más sanguinarios de la banda terrorista. Ha sido condenado por numerosos delitos, entre ellos, delitos de sangre. La ultima sentencia: 30 años de cárcel por el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle. Esto fue a finales de 2024. Hoy, ya tiene el tercer grado. El gobierno vasco -que dispone de las competencias penitenciarias desde 2021- le ha dado luz verde.
El miércoles se cumplen cuatro años del fin de la amnistía fiscal, una de las medidas que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy al poco de llegar al poder en la anterior legislatura y que sigue sacando los colores al ministro de Hacienda y Función Públicas, Cristóbal Montoro. “¿Se creen que a mí me gusta tomar una medida así?”, ha preguntado en muchísimas ocasiones el máximo responsable de la fiscalidad en España, la última de ellas esta misma semana en el Congreso de los Diputados cuando fue interpelado por Ciudadanos sobre este tema.
La iniciativa, que insta al Gobierno a cambiar la ley tributaria, saldría adelante si la apoyan Unidos Podemos y el resto de grupos que la secundaron en 2015. Los socialistas incluirán una enmienda a la moción de Ciudadanos que reclama que beneficiarios de la medida paguen el 10% y no el 3% sobre el total regularizado.
El presidente de la Cámara de Comercio de Palencia, Vicente Villagrá, pide “adaptar el empleo a las necesidades empresariales” y que se reduzca el déficit públicoEl empresario reaparece tras revelar ‘Los Papeles de la Castellana’ que regularizó junto a su familia 11,2 millones en la amnistía fiscalTambién reclama más carreteras y una línea de AVE para Palencia y un nuevo hospital para la capital d
Octubre de 1977. Eran las 14.35 cuando el presidente del Congreso de los Diputados, Fernando Álvarez de Miranda (UCD), anunció el resultado de la votación: "317 votos emitidos; 296 afirmativos; 2 negativos; 18 abstenciones, y 1 nulo. (...) Señores diputados, ha quedado aprobada la Ley de Amnistía". El PCE, en palabras de Marcelino Camacho, enterraba así los "muertos y rencores" para abrir la "vía de la paz y el progreso". Alianza Popular se abstenía porque "una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destru
Amnistía Internacional ha advertido este martes en la presentación de su informe anual de los derechos humanos que los políticos que utilizan la retórica del "nosotros contra ellos" están creando un mundo más dividido y peligroso.
El documento refiere que a lo largo de 2016 hubo ejemplos de "cómo la amplia y vaga definición de terrorismo recogida en la reforma del Código Penal sirvió para limitar desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión". Y cita, como principal ejemplo, el caso de Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez, titiriteros de la compañía Títeres desde abajo y encarcelados por sacar un cartel en el que se leía Gora Alka-ETA en el transcurso de una representación de marionetas. Su causa se archivó en enero de 2017.
No solo la libertad de expresión está amenazada. Derechos económicos, sociales y culturales también están amenazados: con la puesta en marcha de un decreto de ley para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el Estado español está limitando el derecho a la salud y esto podría afectar al derecho a la vida de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad. También la vulneración del derecho a la vivienda es preocupante
Algunos de los nombres más conocidos de los principales casos de corrupción que se investigan en los tribunales se beneficiaron en su momento de la amnistía Los principales nombres de los casos de corrupción se acogieron a la amnistía fiscal ahora declarada inconstitucional fiscal aprobada por el Gobierno en el año 2012 y que acaba de anular el Tribunal Constitucional, que califica la medida de "abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos".
El Ministerio deja claro que los procedimientos abiertos en el marco de la regularización tributaria especial siguen adelante. El PSOE y Unidos Podemos piden la dimisión de Montoro. Ciudadanos pide la comparecencia en el Congreso del titular de Hacienda.
El propio texto se encarga de dejar claro que no habrá revisión tributaria o penal de "situaciones jurídico-tributarias firmes" al amparo del Real Decreto-ley 12/2012. No habrá persecución de delitos para mantener la seguridad jurídica. Fuentes jurídicas consultadas por este diario confirman que "no hay ningún sentido de que a nadie le imputen un delito. Independientemente de lo que pensemos, desde el punto de vista jurídico, una persona que se ha acogido a la amnistía debe descartarse en todo caso que haya delitos y en algunos casos habrán...
Apenas se conoce un 0,19% de los 31.484 acogidos a esta medida declarada inconstitucional. Han aflorado gracias a sumarios judiciales, sentencias e investigaciones periodísticas, y más de la mitad son empresarios, pero también hay políticos y nobles. El Gobierno se ha negado a publicar la lista de 31.484 declarantes y ha llevado al Consejo de Transparencia a los tribunales para no tener que hacerlo.
Invita a los diputados a aprobar una reforma de la Ley General Tributaria que prohíba que en el futuro se realice "ningún otro proceso de regularización fiscal" Reivindica el proceso de regularización extraordinaria pese a la sentencia del Tribunal Constitucional que la considera ilegal: "Si no pones un cebo, los pececitos no pican".
Justifica la iniciativa, declarada inconstitucional del PP, en la situación de "prequiebra" en la que se encontraba España y la contrapone a las dos regularizaciones de este tipo adoptadas por los gobiernos socialistas.
