El problema, como ya se venía indicando, es que ciertas comunidades autonómicas han continuado bonificando el IP pese a que muchos de los contribuyentes iban a tener que pagar igual. Los gobiernos autonómicos del Partido Popular de Madrid, Andalucía y Galicia han rechazado cobrar el impuesto a sus grandes patrimonios y esos impuestos han ido a parar al Gobierno central en vez de a las arcas autonómicas.
Los expertos señalan que «el instrumento jurídico adecuado para gestionar una situación de esta magnitud (como la catástrofe natural sufrida en Valencia) se denomina estado de alarma, y está claramente previsto en la Constitución española». De hecho, la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio recoge como primera opción que el Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución podrá declarar el estado de alarma en casos de «catástrofes, calamidades o desgracias públicas,
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, trasladaba el jueves ese mensaje ante el Rey en el congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) que se celebraba en Granada, y en la que presumió de seguridad política en Andalucía (con cuatro años de mayoría absoluta) y seguridad jurídica, frente a la incertidumbre actual a nivel nacional. Junta y patronal andaluza celebran el Día de la Empresa defendiendo la igualdad entre territorios españoles y reclamando el cambio del modelo de financiación autonómica.
La oposición de los ayuntamientos de Armilla, Ogíjares, Alendín, Churriana de la Vega y Las Gabias ha sido determinante en la decisión. En cuanto a las alternativas, ha dicho que se están estudiando pero no ha podido precisar si serán en la provincia de Granada. "Hay otras opciones en varios lugares de Andalucía, se está gestionando y lo que hay que tener en cuenta es que estamos ante una necesidad urgente de atender una crisis humanitaria, por lo que debemos arbitrar con urgencia medidas para darle una solución".
