Apenas un par de horas. Eso es lo que ha tardado en reaccionar el presidente de ACS, Florentino Pérez, a las acusaciones de Francisco Correa, que en su declaración ante la Audiencia Nacional, que juzga el caso Gürtel, dijo que esta constructora y otras más (Dragados y OHL) pagaron mordidas o comisiones ilegales al PP a cambio de contratos de obra pública. Florentino no ha querido esperar ni un día para actuar y ya ha dado instrucciones a sus abogados para que, con carácter inmediato, interpongan una querella criminal contra Correa.
La reiterada adjudicación a empresas de Florentino Pérez, presidente de ACS, de las obras del Congreso de los Diputados no ha pasado desapercibida en el resto del sector. Todas las obras -salvo una- las ha ganado Dragados o Vías, filiales de ACS. En la más reciente, la puntuación técnica a Vías fue la máxima, 50 puntos, frente a los 30 puntos que obtuvieron sus grandes rivales, como OHL o Ferrovial. "Demasiada diferencia. La puntuación técnica es algo subjetivo", dicen en una constructora. Dice una regla no escrita del sector constructor que
La institución aprueba un informe que reconoce la existencia de "ciudadanos europeos afectados" por los seísmos que provocó el almacén de gas e insta a las empresas a hacerse cargo de las "indemnizaciones por daños".
Un tuit me golpea esta mañana en la cara con la misma intensidad que el tortazo al caranchoa No debe ser para tanto que el gobierno se gaste 5.500 millones de rescate de las autopistas ya que no sale en NINGUNA portada.
Florentino Pérez ha vuelto a hacerlo: después de lograr que el Estado español aprobara pagarle 1.300 millones de euros por el fallido proyecto Castor; después de que el Gobierno de Murcia también le pague una millonada por una planta desaladora, ahora pide 485 millones de euros por el AVE a Francia. Y, una vez más, vuelve a ganar: España y Francia rescatarán conjuntamente el túnel que conecta España y Francia por AVE al declararse en liquidación TP Ferro, la empresa privada participada por ACS y Eiffage que lo gestionaba.
Los primeros socialistas idearon las casas del pueblo como unidades de ayuda a la clase trabajadora. Se decía que allí se acompañaba al proletariado desde la cuna a la tumba. Florentino Pérez ha copiado el sistema pero desde el punto de vista capitalista. A través del grupo ACS (y sus ramificaciones), el presidente de la compañía pretende cuidar a los españoles desde que nacen hasta que son enterrados. Eso sí, a cargo de las arcas de la hacienda española.
El 16 de mayo de 2008, el BOE, adjudica por 30 años a la empresa Escal UGS S.L., propiedad mayoritaria de ACS, la concesión de la explotación del almacenamiento de gas submarino frente a la costa de Tarragona denominado CASTOR. La concesión se realiza en cumplimiento de la Planificación de los sectores de electricidad y gas para el periodo 2005-2011, aprobada por el Consejo de Ministros en 2006, que, entre otras, incluye como infraestructura obligatoria y urgente CASTOR.
Según informa José María Olmo en EL CONFIDENCIAL, ACS se alió con el Partido Popular de Murcia para dar un pelotazo de 600 millones de euros con la desaladora de Escombreras (Cartagena). El dinero debía salir de las arcas de la comunidad autónoma. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha concluido en un extenso informe de más de 200 páginas que altos cargos del Gobierno murciano, directivos de la constructora, empresarios locales y varios bufetes de abogados amañaron la adjudicación de la planta.
El futuro pinta negro para Atlantia, propietaria de Autoestrade per lItalia, responsable del mantenimiento del puente derrumbado en Génova. A la posibilidad de que el Gobierno le retire tras la tragedia su concesión estrella y a la multa de hasta 150 millones a la que podría tener que hacer frente -ambos escenarios aún potenciales-, se le une la avalancha de órdenes de venta que está sufriendo la compañía en Bolsa.
Tras ser multada por la CNMC con 51 millones por participar en el reparto de más de mil millones en licitaciones de Adif, supera a Procter & Gamble como la empresa con mayores sanciones de este organismo por formar cárteles. La constructora también participó en el denominado cártel de la basura, cuyo expediente anuló la Audiencia Nacional por defectos de forma, y en otro de suministro de barracones escolares. Tiene abiertos otros tres expedientes de la CNMC.
La compañía australiana CIMIC, filial del grupo ACS, anunció este viernes que ha logrado un contrato valorado en 1.500 millones de dólares australianos (1.160 millones de dólares estadounidenses o 957 millones de euros) para operaciones y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en un tramo de la red regional del país oceánico.
Un consorcio formado por filiales de las constructoras españolas ACS y OHLA se han adjudicado un contrato en Estados Unidos para terminar las obras de construcción de un tren ligero en el entorno metropolitano de Washington, en el Estado de Maryland. El proyecto inicial fue adjudicado en 2017 a Fluor, una compañía tejana, por unos 2.250 millones de dólares (2.000 millones de euros), pero varias disputas legales sobre ciertos sobrecostes y retrasos en la construcción paralizaron las obras el año pasado.
