Estados Unidos va a estar "muy involucrado" en la industria petrolera de Venezuela tras la operación para capturar a Nicolás Maduro. Así lo ha asegurado el presidente Donald Trump en una entrevista en Fox: "Tenemos las mejores compañías petroleras del mundo, las más grandes, las mejores, y vamos a estar muy involucrados en ello".

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El caso del fiscal general es, de principio a fin, una historia de abusos de poder. A García Ortiz lo colocó el gobierno en la cúspide. l caso del fiscal general es, de principio a fin, una historia de abusos de poder. A García Ortiz lo colocó el gobierno en la cúspide de la fiscalía para tener un soldado obediente a los mandos de una institución clave del Estado cuando salió del cargo Dolores Delgado, que había sido ministra de justicia. Siempre tuvo esos gestos ampulosos del lacayo, desde el principio. Un adulador del presidente que, investid

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La Corte Suprema de Brasil dictó este viernes nuevas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, procesado por golpismo, entre ellas el uso de tobillera electrónica y la prohibición de acceder a sus redes sociales, informaron medios locales. El alto tribunal también le prohibió acercarse a embajadas, comunicarse con diplomáticos extranjeros, así como con otros investigados o procesados en el caso por golpismo. El líder ultraderechista fue objeto de registros por parte de la Policía Federal, que allanó domicilios vinculados al ex

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2 de mayo de 1879: 25 personas se reúnen en una taberna en pleno centro de Madrid, a escasos metros de la Puerta del Sol...

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La periodista de RTVE llama a «movilizarse en las calles» contra el «atropello antidemocrático»

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Se acerca la investidura de Pedro Sánchez y el BNG ha escenificado el acuerdo de gobierno con el PSOE. Su portavoz Néstor Rego ha calificado la actitud del P...

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La propuesta con 146 artículos que los nacionalistas tienen redactada plantea además que Euskadi tenga una relación 'confederal' y de 'igual a igual' con España. El compromiso es facilitar su aprobación y ratificación en referéndum antes de finales de 2025.

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Los partidos del Gobierno han introducido enmiendas a una proposición de ley orgánica (la de reforma del Código Penal) que nada tiene que ver con la reforma del sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional...y lo han hecho para reformar ese sistema de elección a fin de evitar que el PP siga bloqueándolo y manteniendo a sus magistrados afines que tienen el mandato caducado. Ha sido una gran torpeza, posiblemente motivada por el hecho de que el TC lleva más de una década proscribiendo esta conducta parlamentaria...pero los sucesivos gobiernos han seguido ejecutándola alegremente.

Me explico: las proposiciones de ley que se presentan en el Congreso deben tener un extenso proceso de deliberación y discusión entre los grupos parlamentarios (reglado en el Reglamento del Congreso). Un proceso que no puede darse cuando lo que materialmente es una proposición de ley, se presenta formalmente como la enmienda a otra proposición de ley previamente presentada por otro grupo parlamentario, cuya temática no tiene nada que ver con la de la enmienda. Al ser formalmente una enmienda, no puede ser sometida al proceso de discusión y negociación (en el cual obviamente se encuentra la presentación de enmiendas) inherente a las proposiciones de ley...pero en el fondo es una proposición de ley, dado que posee un contenido autónomo respecto de la proposición que dice enmendar. Y ello viola el derecho fundamental a la participación política de los diputados que no pueden negociar ni enmendar esa proposición de ley arbitrariamente presentada bajo la forma de enmienda.

Es por esta causa que el TC lleva diciendo desde hace más de una década que las enmiendas a las proposiciones de ley sólo pueden referirse a la temática de las mismas, sin que puedan introducirse por tal vía iniciativas legislativas cuyo contenido material sea ajeno al de la proposición de ley que dicen enmendar.

Si somos realistas, ese proceso de deliberación y negociación es un camelo con nulo impacto práctico en aquellos casos donde hay una mayoría parlamentaria firmemente decidida a aprobar la proposición de ley, pues las enmiendas y argumentos que presenten los otros grupos no servirán de nada al estar en minoría. Será un teatro estéril...pero constitucionalmente imperativo. Y es por ello que los partidos del Gobierno, al introducir su proyecto de reforma del sistema de elección del TC vía enmienda a una proposición de ley orgánica que difícilmente puede relacionarse con la reforma del Código Penal, han puesto en bandeja al TC que se la tumbe.

Ha sido un atajo tremendamente torpe, pues sólo demorarían escasos meses la entrada en vigor de la reforma si la presentasen como una proposición de ley independiente, y se evitarían el enorme peligro de que el TC paralice su tramitación parlamentaria. Ahora bien, los partidos del Gobierno han seguido la costumbre de los Gobiernos de Zapatero, Aznar y Rajoy que, habiendo ya pronunciamientos del TC que proscribían esta práctica, la han llevado a cabo (y con proposiciones de ley encubiertas como enmiendas sobre temas extraordinariamente sensibles). Aquí un resumen de los más sonados www.lasexta.com/noticias/nacional/forzar-ley-enmiendas-estrategia-que-

Eso sí, JAMÁS se ha suspendido por el TC la tramitación de la enmienda en el Parlamento a causa de ningún recurso de amparo. En muchos casos, tales recursos triunfaron y el TC declaró que se habían violado los derechos fundamentales de los diputados, pero nunca se paralizó cautelarmente dicha tramitación, independientemente de que la apariencia de inconstitucionalidad de la enmienda fuese elevada. Esto es así porque el art. 56.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dispone, respecto de las medidas cautelares como la que pidió el PP, que "podrá disponer la suspensión, total o parcial, de sus efectos, siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona". Y, obviamente, no hay ejemplo más claro de perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido que la paralización de la actividad parlamentaria. Por eso, como digo, jamás se ha paralizado la tramitación de una enmienda que encubriese una proposición de ley. Ésta sería la primera vez, y si sucediese todos sabríamos los intereses políticos reales que habría detrás.

Respecto al fondo de la reforma que pretende hacerse, es evidente lo que la motiva. Hasta ahora había un sistema por el que PPSOE se repartían los magistrados del TC y los vocales del CGPJ en proporción a su peso parlamentario, y se basaba en un acuerdo tácito entre ambos partidos que garantizaba la puntual renovación de tales órganos en los plazos normativamente marcados. La situación cambia radicalmente cuando el PP pierde el Gobierno nacional y una grandísima parte de su poder autonómico, y concluye que en tal posición de debilidad necesita conservar el control de los tribunales para, de una parte, proteger a sus corruptos en procesos tan gordos como el Caso Bárcenas y, de otro, desgastar al máximo al Gobierno y tumbar todas las iniciativas del mismo que sea posible a través del TC y otros altos tribunales. Ahora el PP ha decidido que no comparte el Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional, y que van a ser suyos por los siglos de los siglos. Y, obviamente, esta situación es mucho peor desde una perspectiva democrática que la anterior, sin perjuicio de que lo ideal sea que los partidos no tengan influencia alguna en el ámbito jurisdiccional (y, simultáneamente, que el mundo judicial deje de estar fundamentalmente copado por gente de ideología conservadora y clases altas, y que las clases populares puedan acceder a la judicatura en serio).

De ahí que me parezca bien que la reforma reduzca la mayoría necesaria en el CGPJ para la elección de los magistrados del TC que están asignados a dicho órgano. Es más, los vocales afines al PP en el CGPJ, que llevaban meses bloqueando la elección de los magistrados, han pedido con carácter de urgencia una reunión para nombrarlos, a fin de que tal nombramiento se produzca antes de la entrada en vigor de la reforma y, al ser sus votos necesarios, puedan así colar a uno de los suyos. Si lo hubiesen hecho antes, todo esto no habría ocurrido...pero hay gente que sólo entiende el lenguaje de la fuerza, y cuyo nivel de miseria moral es tal que, encima, intentan hacerse las víctimas.

En esta tesitura, los rebuznos de PPVox sobre el golpismo del Gobierno son ciertamente ridículos (¿Golpismo por usar indebidamente las enmiendas como hicieron Rajoy, Aznar y Zapatero, o por reducir la mayoría necesaria para que el CGPJ elija a los magistrados del TC que le corresponden después del bloqueo infame del PP para mantener el control del TC sine die?). Pero el Gobierno debe ser consciente de que se le mira con lupa y la derecha tiene aliados muy poderosos que harán toda la sangre posible sobre cualquier error que cometa. Por eso les ha hecho un gran regalo con la tramitación vía enmienda de la reforma.

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UNO de los mantras extendidos alrededor del desafío planteado por el independentismo estriba en reducir éste a una cuestión estrictamente jurídica. La realidad es que en Cataluña no subyace un problema de encaje territorial, sino de vulneración de derechos. En concreto, de los derechos de ciudadanía amputados por el unilateralismo separatista.No estamos ante un conflicto político que deba gestionarse de modo ordinario, sino ante el chantaje y la coacción de un movimiento nacionalista hegemónico en Cataluña.

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Vivimos tiempos en que los poderosos pueden permitirse atropellar todas las legislaciones internacionales y todos los derechos humanos, solo hay un obstáculo que vencer, la opinión pública. Y ahí es cuando los medios resultan ser agentes necesarios e imprescindibles.

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