Otegi fue condenado a seis años y medio de prisión y diez de inhabilitación por pertenencia a organización criminal en el caso 'Bateragune'.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha acordado por unanimidad inadmitir la demanda "infundada" que presentó en 2024 el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, contra España por el proceso de revisión que se llevó a cabo a raíz de una sentencia del propio TEDH del 'caso Bateragune'.

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1. PRESENTACIÓN de la demanda. Se presenta la demanda individual y los documentos relevantes directamente al TEDH, dentro de un plazo de 4 meses desde la notificación de la última resolución interna definitiva (artículo 47 del Reglamento del TEDH). 2. Fase de ADMISIÓN. El TEDH examina si la demanda cumple los criterios de admisibilidad (un porcentaje importante de las demandas se rechazan en esta fase). 3. COMUNICACIONES a las partes. Si la demanda se declara admisible, el Tribunal la comunica al Estado demandado. En esta fase del ...

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Vamos al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos contra la sentencia del T.C. que ampara los secuestros infantiles. Ya es oficial: gracias a Juan Soto Ivars, a UTBH, a Guadalupe Sánchez, Bou y tantos otros hemos logrado el dinero y el respaldo necesario para poder presentar próximamente el recurso. Gracias de todo corazón a los que habéis contribuido en el Crowdfunding para ello, la respuesta ha sido sencillamente brutal.

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Ayer Vox, a través de sus cuentas de twitter, mostró su indignación ante las propuestas del Fiscal de delitos de odio para perseguir a quienes, desde el anonimato, usan las redes sociales para exigir la quema de mezquitas o el linchamiento de menores inmigrantes. Afirmaba Vox (y también Alvise desde sus cuentas de twitter y telegram) que las iniciativas del Fiscal constituían un gravísimo ataque contra la libertad de expresión, y criticaba al PP por apoyar que los condenados por estos delitos no puedan comentar en redes sociales durante un tiempo como parte de su pena, o que se establezcan medidas para que la autoridad judicial pueda identificar más fácilmente a esta clase de delincuentes que, muchas veces, usan proxys para ocultar su IP. Si no fuese porque sé que el fariseísmo exacerbado es la principal seña de identidad de Vox, me habría quedado perplejo.

Digo esto porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha manifestado reiteradamente a España que el delito de injurias al rey viola el derecho fundamental a la libertad de expresión. Lo hizo cuando amparó a Otegi por llamar a Campechano "jefe de los torturadores", o a los jóvenes que quemaron una foto de su hijo en un acto republicano. El TEDH es claro: la pena de cárcel es la medida sancionadora más extrema con que cuentan los Estados civilizados, y solamente se puede encarcelar a un ciudadano por expresarse en el marco del debate político cuando 1) llame a la violencia contra un sujeto o colectivo social o 2) emplee un discurso que pide expresamente la negación de los derechos humanos de un determinado colectivo, o que busca a través de la mentira generar un clima de odio hacia el citado colectivo con el fin último de privarle de sus derechos humanos (véanse los apartados 57 a 59 de la sentencia sobre el caso Otegi hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-104449"]} ). Es decir, el TEDH circunscribe la prisión como sanción contra los discursos a, en esencia, lo que hizo Goebbels con sus campañas de propaganda contra los judíos, o lo que hacen voxeros y alvisianos con los inmigrantes cuando, en el marco de un plan preconcebido, inventan cadenas de bulos para satanizarlos, unos bulos que siempre están aderezados de decenas de comentarios pidiendo ahorcamientos, palizas o quema de recintos religiosos islámicos.

Pues bien, Vox se ha opuesto radicalmente a la despenalización del delito de injurias a la corona, así como a la despenalización del arcaico delito de ofensa a los sentimientos religiosos, ambos incompatibles con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Para Vox, decir "vamos a echarle cojones y quemar el centro de acogida de menas de la calle X" es libertad de expresión, pero enseñar los pechos en una iglesia o llamar "defraudador miserable" a Campechano debe llevarnos a la cárcel. Franquismo sociológico (aderezado de neonazismo) en estado puro, que choca frontalmente con los derechos humanos y el sentido común europeo. Me recuerda a uno que decía que la Constitución podría reformarse para eliminar derechos fundamentales, pero nunca para permitir la secesión de Cataluña incluso si la amplia mayoría de españoles la aprobaba. Sus ídolos, dogmas, entidades fantasmales, trapos pintados y otra simbología mohosa son más importantes para ellos que la dignidad humana.

Más allá de la hipocresía extrema de Vox y Alvise, sí que es cierto que las estrategias goebbelianas en las redes y pseudomedios deben ser sancionadas cuando vulneren la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los límites de la libertad de expresión. Sobre ello, me planteo las siguientes cuestiones:

-No sé hasta qué punto puede la policía identificar a un animal que escribe "hay que reventar el culo a los menas con una barra de hierro" si dicha bestia usa un proxy u otra forma de ocultación. Si es posible identificarle (aunque ello implique un mayor esfuerzo e inversión en tecnología que actualmente no tengan los de delitos informáticos), no veo necesarias otras estrategias para reducir el anonimato en las redes sociales. Si no es posible, podría exigirse que los usuarios de redes sociales se identifiquen al abrir su cuenta, siendo las empresas proveedoras de cada red las encargadas de verificar las identidades y guardar celosamente tales datos, que sólo podrán revelar a un juez. Pero escribir con nick es un derecho inalienable de cada usuario, entre otras cosas porque hay mil fines legítimos (como denunciar explotación laboral o expresar tu punto de vista sin que tu jefe actual o futuro se entere y te eche las cruces) que justifican ese anonimato de cara al público (del cual yo nunca hago uso, pero porque soy un exhibicionista nato y tengo la suerte de poder trabajar con unas garantías elementales que no me hagan depender de los caprichos de un cacique).

-Hay que aplicar celosamente la doctrina del TEDH. Esto significa (aparte de despenalizar los delitos de injurias a la corona y contra los sentimientos religiosos) permitir el debate sobre cuestiones controvertidas aunque la opinión del prójimo nos parezca repugnante, siempre y cuando no llame a la violencia o la negación de derechos humanos de nadie, o no ejecute campañas evidentes de desinformación para, a través de noticias objetivamente falsas, satanizar a determinados colectivos. Si un pseudomedio o una cuenta de twitter dice que los inmigrantes ilegales delinquen más y lo apoya en datos verídicos, o sostiene que deben endurecerse las políticas migratorias, está ejerciendo su libertad de expresión. Si todas las semanas cuelga noticias falsas sobre delitos cometidos por inmigrantes, está llevando a cabo una campaña de odio que debe ser sancionada. Conforme a la doctrina del TEDH, entiendo que podría ser sancionado incluso por la vía penal, pero en cualquier caso en vía administrativa (multas millonarias) y civil (indemnizaciones ejemplarizantes).

-La prohibición de uso de redes sociales durante un tiempo para los condenados penalmente por delitos de odio, me parece razonable, constituyendo un tipo de "orden de alejamiento" o inhabilitación acorde con la gravedad de la conducta y plenamente útil para evitar la reiteración delictiva. Aprovecho para reiterar que todos tenemos derecho a odiar a quien nos plazca y a expresar ese rechazo civilizadamente, pero no estamos legitimados para destrozar su imagen para incitar a otros a que lo linchen, o a pedir que se le denigre a un estatus jurídico inhumano privándole de sus derechos básicos.

-Nunca olvidemos que los peores genocidios han venido precedidos de despiadadas campañas de odio. La condena en Nuremberg de Julius Streicher, editor del semanario antisemita Der Stürmer, que presentó como monstruos a los judíos desde 1923 y sirvió de apoyo clave al ascenso de Hitler, evidencia que el asesinato y la represión salvaje contra un colectivo siempre requiere un previo discurso de odio que convenza a una parte importante de la población de la intrínseca maldad de las víctimas y la necesidad de combatirlas hasta erradicarlas. Los autores del discurso de odio toman el papel del capo mafioso que ordena a sus pistoleros matar al tendero que no paga el pizzo. Y, evidentemente, nadie defendería que sólo se condene a los pistoleros y no al capo que, pese a no mover un músculo más allá de los faciales, dice unas palabras sin las cuales la muerte nunca se produciría.

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En caso de aprobarse la entrega del activista australiano, su defensa ha anunciado que solicitará una orden cautelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para frenarla.

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ve justificada la restricción de la libertad religiosa que supone la prohibición si la medida es “proporcionada” y busca la protección del bienestar animal. Por eso, descarta que comporte una vulneración del derecho a la libertad de culto ni una discriminación hacia los musulmanes y los judíos, tal y como estos pretendían.

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Se suceden desde anoche infinidad de reacciones a la decisión del TC de paralizar las enmiendas sobre las reformas de la LOPJ y la LOTC destinadas a renovar el bloqueo del mismo TC, que actualmente tiene dos magistrados puestos a instancias del PP (el propio Presidente y otro magistrado conservador) con el mandato caducado. Como sabéis, la principal medida de la reforma consiste en que el CGPJ (órgano que nombró en su día a los dos magistrados cuyo mandato expiró hace mucho) pase a elegir a los magistrados del TC que le tocan por mayoría simple, en lugar de por mayoría de tres quintos, lo cual rompería el bloqueo actual y mandaría a la calle a estos dos magistrados con el mandato caducado.(entre otras cosas porque el art. 16.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dice que "Ningún Magistrado podrá ser propuesto al Rey para otro período inmediato, salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años").

Mucha gente está poniendo el grito en el cielo por el ataque a la soberanía popular que implica paralizar la tramitación de una ley, cosa que jamás en nuestra historia había sucedido. Pero se está dejando en un segundo plano algo que es incontestablemente antijurídico, bochornoso e impresentable: que la votación sobre la paralización de la tramitación legislativa se haya decidido, en una votación 6 a favor-5 en contra, por los votos de dos individuos que, dejando todo rastro de decencia a un lado, han juzgado una cuestión sobre la que debían haberse abstenido por su evidente e incuestionable interés en su resultado.

El artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dice que se aplicará la LOPJ en materia de recusación de sus magistrados. Y Podemos recusó al Presidente y al otro magistrado con el mandato caducado, y ello con base en el art. 219.10 LOPJ, que consagra como causa de recusación "Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa". Obviamente, no existe mejor manifestación del interés directo que la pérdida de tu cargo como consecuencia directa e inevitable de la aprobación de la reforma legislativa sobre cuya suspensión debes pronunciarte (y la consiguiente conservación indefinida de tu cargo si dicha reforma se paraliza y se mantiene la situación de bloqueo actual). Sin embargo, el Presidente y el otro magistrado se negaron a aceptar la recusación, tuvieron la indecencia superlativa de votar contra ella y, por la mayoría 6-5 de conservadores frente a progresistas que hay en el TC, la tumbaron para posteriormente usar sus votos para mantenerse en la poltrona.

¿Cómo pudieron actuar con tan manifiesta desfachatez? Porque se saben intocables, ya que sus decisiones no pueden ser recurridas ante ningún tribunal...o tal vez sí. El art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos consagra el derecho de todo justiciable a un juez independiente e imparcial. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es guardián de dicho Convenio, pudiendo demandar ante él todo ciudadano europeo cuyos derechos hayan sido violados. Sería interesante que los diputados que recusaron a estos dos impresentables acudiesen a él, dada su manifiesta parcialidad derivada de su interés personal y directo en el resultado del litigio. Y cuando les dé la razón, ponerles una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo, que sí puede conocer de la responsabilidad penal de los magistrados del TC aunque no pueda revocar sus decisiones. El mal ya estará hecho, pero así evitaríamos que, en el futuro, caciques que se sienten por encima del bien y el mal y carecen de toda dignidad profesional pongan de rodillas al Parlamento.

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló este martes a favor de un ciudadano húngaro que había denunciado a España por los retrasos de la justicia en pronunciarse en un caso relativo a la custodia de su hija, que también estaba judicializado en Hungría. La corte con sede en Estrasburgo (Francia) determinó que los retrasos de los tribunales españoles violaron el "derecho a la vida familiar" del denunciante, Márton Veres, al perjudicar la relación con su hija.

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español a indemnizar a 20 jueces catalanes que se habían pronunciado a favor de la consulta del 9N en Catalunya y cuyos datos personales fueron filtrados a la prensa desde ficheros policiales.

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Polonia sigue recibiendo golpes jurídicos desde que la justicia europea le impusiera una multa de un millón de euros diaria por no suspender el ordenamiento jurídico actual. El último golpe le ha llegado desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que le ha condenado por el trato infligido a dos jueces por un órgano del Tribunal Supremo que supervisa la actividad de los jueces, ya que considera que actuó sin imparcialidad ni independencia

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El juego EndeavorRX de Akili Interactive, anteriormente Project EVO, pasará a la historia de los videojuegos aunque no parezca gran cosa para mucho gamers. Se trata del primer título que se puede comercializar y recetar legalmente como medicamento en Estados Unidos.

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Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo han declarado “inadmisible” en todos sus puntos la demanda presentada por la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros 75 diputados independentistas, entre ellos Puigdemont.

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El acto en el centro de Girona estaba convocado por la CUP y entidades como Arran, Endavant y el SEPC.

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ERC traía hoy al Congreso de los Diputados una proposición de ley para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España. A pesar de la sentencia de esta mañana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que ha condenado a España, por unanimidad, por imponer una condena por quemar unas fotos del Rey en 2007, no ha conseguido el apoyo de PSOE, Ciudadanos, ni PP.

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