Ni «madres protectoras» ni «patrimonio del feminismo», como las definieron desde el Gobierno: tanto Juana Rivas como María Sevilla, iconos especialmente para Irene Montero, fueron condenadas por secuestrar o mantener encerrados a sus hijos, entre denuncias nunca demostradas de maltrato o agresión sexual a sus padres, víctimas como los niños de los abusos de ambas mujeres.
Y pese a ello, Pedro Sánchez las indultó, sin explicar nunca las verdaderas razones de una medida de gracia que se guardó en secreto bajo siete llaves.

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