El magistrado García-Castellón ha decretado el sobreseimiento por presuntos delitos de cohecho y prevaricación respecto a la expresidenta madrileña en la causa por presunta financiación ilegal del PP de Madrid y por la concesión del contrato para la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández, que también queda desimputado.

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