En ese listado hay una decena de sociedades vinculadas a siete familias o empresas que se acogieron a la amnistía. También aparecen en ese documento otras trece empresas vinculadas a cinco personas o sociedades que han recibido condenas penales por delitos fiscales, incluyendo varios que llegaron a acuerdos de conformidad con la Fiscalía para evitar la prisión por hechos de este tipo. Esas 23 empresas recibieron en 2023 casi 33 millones en subvenciones. Cerca de un tercio fueron ayudas del Plan de Recuperación.

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Reorganización de la Agencia Tributaria, revisión de figuras fiscales y más facultades inspectoras, con la introducción de castigos más duros para los contribuyentes que cometan fraudes graves y organizados. En este último supuesto, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha propuesto introducir un procedimiento especial que supondría una especie de “muerte civil”, con la imposibilidad de firmar contratos con la Administración o de obtener subvenciones o ayudas públicas.

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La falta de personal y de medios materiales dificulta la persecución de los fraudes realizados mediante tinglados societarios, especialmente los de empresas y patrimonios con ramificaciones en el extranjero, mientras la ausencia de una normativa internacional frente a la elusión facilita la fuga de fondos a otros territorios.

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El Gobierno intenta contentar así a Ciudadanos de cara a un próximo acuerdo para la aprobación de los Presupuestos

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